Sentencia A. 389/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-389/25

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 389 DE 2025

 

Referencia: Expediente ICC-4929

 

Conflicto aparente de competencia suscitado entre el Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla y el Juzgado 015 Civil Municipal Mixto de Barranquilla.

 

Magistrada ponente:                           

Cristina Pardo Schlesinger

 

 

Bogotá D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y de conformidad con el numeral e del artículo 5 del Acuerdo 01 de 2025, a través del cual se actualiza el Reglamento Interno de la Corte Constitucional, profiere el siguiente

 

AUTO

 

 

Aclaración previa

 

Con fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento de la Corte Constitucional) y en la Circular 10 de 2022 de esta Corte, dado que el asunto de la referencia involucra temas sensibles relacionados con la salud e historia clínica del accionante, esta Sala de Revisión emitirá dos copias del mismo auto, con la diferencia de que en aquella que publique la Corte Constitucional en su página web se utilizarán seudónimos.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.      El 19 de febrero de 2025, el señor Manuel, actuando en nombre propio, radicó demanda de tutela en contra de la Nueva EPS con la finalidad de solicitar la protección de su derecho a la salud en conexidad con la seguridad social[1].

 

2.      El accionante indicó que se encuentra afiliado a la Nueva EPS en calidad de beneficiario en el régimen contributivo, y el 17 de febrero de 2025 acudió a las instalaciones de la EPS con la finalidad de obtener la entrega de sus medicamentos recetados por el médico tratante[2].  No obstante, indicó que es la tercera vez, en 2 meses, que no se le ha efectuado la entrega de los medicamentos.

 

3.      El accionante manifestó ser tener una edad de 85 años y requiere del medicamento denominado amantadina de 100 mg. También, indicó que a la fecha se encuentra hospitalizado, por lo que la falta del medicamento viene afectando su calidad de vida y su salud se va deteriorando[3].

 

4.      El expediente correspondió por reparto al Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla (Atlántico)[4], autoridad que, a través del Auto del 19 de febrero de 2025, declaró su falta de competencia para conocer del asunto. Como fundamento de su decisión, el despacho judicial indicó que dada la naturaleza de la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. (Nueva EPS) y, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, corresponde el conocimiento de la demanda a los jueces municipales de Barranquilla, e incluso a los de Campo de la Cruz, por ser el lugar donde tiene su domicilio el accionante[5]. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a los jueces municipales de Barranquilla[6].

 

5.      Por medio de correo electrónico del 20 de febrero de 2025, el Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla (Atlántico) remitió el expediente a la oficina judicial de apoyo de los jueces municipales de Barranquilla para efectuar el reparto correspondiente[7].

 

6.      Nuevamente efectuado el reparto del expediente, su conocimiento estuvo a cargo del Juzgado 015 Civil Municipal Mixto de Barranquilla (Atlántico)[8], quien, por medio de Auto del 21 de febrero de 2025, de igual manera se consideró sin competencia para tramitar la presente acción de tutela. Como fundamento de su decisión, el despacho judicial indicó que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el Decreto 333 de 2021 establece unas reglas de reparto que en ningún caso pueden ser consideradas reglas para efectos de determinar la competencia en materia de tutela. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto negativo de competencia[9].

 

7.      Mediante Oficio del 21 de febrero de 2025, el Juzgado 015 Civil Municipal Mixto de Barranquilla remitió el expediente a la Corte Constitucional[10].

 

8.      El 6 de marzo de 2025, en sesión de Sala Plena, el expediente de la referencia fue repartido al despacho de la magistrada sustanciadora[11].

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

9.      La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[12].^[13].^[14]en el Auto 550 de 2018, que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[15].

 

10.  En esta ocasión, la Corte observa que el conflicto de competencia debe ser resuelto por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (Atlántico), conforme lo establece el numeral 1 del artículo 18 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 139 del Código General del Proceso. En concreto, tanto el Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla como el Juzgado 015 Civil Municipal Mixto de Barranquilla pertenecen a la especialidad civil del distrito judicial de Barranquilla. No obstante, la Sala Plena asumirá el conocimiento y resolverá el presente conflicto en razón a los principios de celeridad y sumariedad que caracterizan a la acción de tutela para evitar que se prolongue aún más el trámite de la presente acción. 

 

11.  Ahora bien, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial^[16], (ii^[17] y (iii) el factor funcional ^[18].

 

12.  El Decreto 333 de 2021 consagra en el parágrafo 2 del artículo 1 que las reglas de reparto contenidas en esa norma “no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. Por su parte, la Corte Constitucional ha reiterado que los conflictos que se suscitan en aplicación de reglas de reparto son “aparentes” porque estas reglas administrativas “en ningún caso, definen la competencia de los despachos judiciales”[19].

 

13.  Asimismo, esta Corporación ha determinado que cuando “dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”^[20].

 

 

III. CASO CONCRETO

 

14.  De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que en el presente proceso se configuró un conflicto aparente de competencia fundado en la aplicación de una regla de reparto.

 

15.  Por medio de Auto del 19 de febrero de 2025, el Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla pretendió desprenderse del trámite de la acción de tutela a partir de la aplicación de la regla de reparto contenida en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

 

16.  Esta Corporación considera que el Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla otorgó un alcance inexistente a las reglas de reparto que son meras pautas de asignación de expedientes de tutela. Con dicho actuar, la autoridad judicial contrarió la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia y desconoció la naturaleza de la acción de tutela, establecida como mecanismo para la protección inmediata de derechos fundamentales. Respecto de la competencia de los jueces de Campo de la Cruz, esta Corporación descarta su asignación, pues es una autoridad que no está involucrada en el conflicto de competencias y, en todo caso, el conflicto se planteó respecto la aplicación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, y no sobre el factor territorial.

 

17.  De esta manera, la Corte concluye que el Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla se encuentra en la obligación de tramitar, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el señor Pedro Antonio Rodríguez Barrios, por tratarse de la primera autoridad judicial a la que se le asignó el proceso por reparto.

 

18.  En consecuencia, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 19 de febrero de 2025, proferido por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla y le remitirá el expediente ICC-4929 a esta autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar. En ese sentido, le advertirá al Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto. Adicionalmente, le advertirá al Juzgado 015 Civil Municipal Mixto de Barranquilla que en caso de considerar que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. 

 

 

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 19 de febrero de 2025, proferido por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla dentro del trámite de la acción de tutela formulada por el señor Manuel contra la Nueva EPS.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-4929 al Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

CUARTO. ADVERTIR al Juzgado 015 Civil Municipal Mixto de Barranquilla (Atlántico) que en caso de considerar que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

QUINTO. Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia al Juzgado 002 Civil del Circuito de Barranquilla, a la parte accionante y al Juzgado 015 Civil municipal mixto de Barranquilla.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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